Este viernes 31 de octubre de 2025, el paro nacional convocado por el sector agrícola mantiene su vigencia y escala de tensión. Por quinto día consecutivo, productores mantienen bloqueos en tramos estratégicos de autopistas y carreteras federales en al menos seis estados del país, como parte de su exigencia de mejores condiciones para el maíz blanco.

Los puntos de mayor afectación incluyen el tramo de la Autopista Arco Norte, kilómetro 195 del tramo Calpulalpan–Sanctorum, donde el cierre persiste en ambos sentidos; en Guanajuato, la Autopista 45D Salamanca–Celaya, a la altura de Santiago de Cuenda (municipio de Juventino Rosas), registra una fila de vehículos que alcanzó 93 kilómetros debido al bloqueo; en Michoacán, la autopista Maravatío–Zapotlanejo mantiene bloqueos en las casetas de Ecuandureo, Panindícuaro y Zinapécuaro; y en Sinaloa, los productores se mantienen en movilización y rechazan los acuerdos alcanzados, siendo uno de los focos principales junto con la amenaza explícita de extender los bloqueos hasta las aduanas.

La protesta arrancó el lunes 27 de octubre, cuando líderes campesinos de estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán sostuvieron una reunión con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), exigiendo un precio de garantía de 7 200 pesos por tonelada de maíz blanco, frente a la oferta gubernamental de 6 050 pesos. Aunque se ofreció un subsidio de 950 pesos por tonelada para ciertos productores (800 pesos del gobierno federal más 150 pesos estatales), éste no fue aceptado por todos los grupos manifestantes.

El fuerte impacto en la movilidad vial es evidente: la Sader y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) han emitido recomendaciones a los usuarios de la red carretera para evitar los puntos bloqueados y usar rutas alternas.

De cara a la próxima semana, organizaciones agrícolas han advertido que, de no obtener una revisión sustancial de sus demandas, podrían extender sus movilizaciones al cierre de aduanas en la frontera norte, lo que implicaría un nuevo nivel de presión económica y logística.

Este escenario plantea varios riesgos: la prolongación del conflicto podría impactar la cadena de suministro, incrementar retrasos en transporte de carga y afectar el abasto de insumos agrícolas. Al mismo tiempo, el gobierno enfrenta el desafío de contener la movilización sin que la protesta derive en interrupciones de mayor escala.

En resumen, los productores siguen firmes en su demanda de un mayor precio de garantía, los bloqueos permanecen activos en carreteras clave y la escalada hacia aduanas pone en alerta tanto a autoridades como al sector transporte y ciudadanos.