Desde el 2 de septiembre, las operaciones militares de Estados Unidos en aguas del Pacífico y el Caribe han dejado un saldo de 95 personas fallecidas y la destrucción de 25 embarcaciones involucradas en presuntas actividades de narcoterrorismo. Las acciones se han centrado en lanchas que, según las autoridades estadounidenses, transportaban drogas de organizaciones criminales con alcance internacional.
Los informes indican que estas operaciones incluyen interceptaciones y ataques directos desde el aire o desde embarcaciones militares, con el objetivo de neutralizar amenazas antes de que lleguen a territorio continental o a puertos clave. Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por la falta de transparencia en los criterios para determinar quiénes son objetivos legítimos y por la posible presencia de civiles en las embarcaciones atacadas.
Analistas señalan que estas acciones reflejan una estrategia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico de manera preventiva, pero advierten que podrían generar tensiones en la región y debates legales sobre la aplicación del derecho internacional marítimo. Mientras tanto, autoridades estadounidenses han señalado que continuarán las operaciones para asegurar las rutas marítimas y proteger la seguridad nacional, aunque no han detallado si se implementarán nuevas medidas de supervisión o rendición de cuentas tras los incidentes.
